5 de enero, 2022
San Juan de la Maguana, SJ.- En su segundo intento fue aplazada para el miércoles 5 denero del 2022 la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción a los nombrados Daniel Villegas Aquino (alias Pocholo), Cristofer Piña Javier, Ambiorix Encarnación Ubrí, propietario del colmado La Altagracia y Rigoberto Solís Pereyra, dueño del colmado Solís, todos residentes en la provincia San Juan.
La audiencia fue reenviada para el próximo día miércoles 5 de enero del 2022.
San Juan de la Maguana, SJ.- En su segundo intento fue aplazada para el miércoles 5 de enero del 2022 la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción a los nombrados Daniel Villegas Aquino (alias Pocholo), Cristofer Piña Javier, Ambiorix Encarnación Ubrí, propietario del colmado La Altagracia y Rigoberto Solís Pereyra, dueño del colmado Solís, todos residentes en la provincia San Juan.
Estos individuos fueron apresados la madrugada del jueves 23 de diciembre en uno de los allanamientos simultáneos ejecutados por la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Inteligencia contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), en los comercios citados y en sus residencias.
La Jueza Joselín Salcie, titular de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de San Juan, decidió posponer el conocimiento de las medidas de coerción a los acusados para el miércoles 5 de enero del 2022, para atender la petición del ministerio público actuante, de declarar complejo el caso.
Se recuerda que estas personas fuerno apresadas en operativos simultáneos realizados en San Juan, Santiago y la provincia Santo Domingo, y posteriormente acusadas de sustraer los fondos del programa temporal “Quédate en Casa”, creado a principios del año 2020 para dar cobertura social a las personas que habían sido afectadas por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, para lo cual se usó la cédula de identidad y electoral como medio de pago virtual.
La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), junto a las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional, y a través de su departamento Legal, mantiene una cruzada en contra de quienes han defraudado al Estado dominicano, sustrayendo los fondos de los programas sociales creados para mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.
